Ah, ¿nos quedan aún derechos?

Lo veía venir, ya nos lo avisaban las "bombas racimo" que eran las "enmiendas torpedo", la permisividad de un gobierno que confunde términos y permite que una entidad privada con ánimo de lucro mueva los hilos suficientes como para influir en la legislación (¡ah, esos tejemanejes encubiertos y, permitidme la guasa, francmasónicos!) mientras hipoteca edificios que son DE TODOS (¡ay, cómo hacemos "Creative Commons" cuando nos interesa, amiguitos!), cobra por nuestro himno autonómico, recauda por derechos anónimos (como sea el de los libros, anda que no sacarán pasta, jeje ;) ) y nos grava las compras con un canon digital que, para mí, es como quitarte los puntos del carné de conducir por adelantado "porque oiga, algún día seguro que se salta usted un semáforo, aparca en doble fila o comete una infracción".

Pues nada, como la sostenibilidad está en todos lados, siendo la palabra más huera del vocabulario de la lengua castellana, a la que los políticos se han encargado de vaciar de significado, ahora tenemos una "Ley de Economía Sostenible" (se ve que la anterior no lo era, con tanta construcción, campito de golf y derroche de libertino capitalismo, por lo que ahora los bancos y las empresas del sector del automóvil y de la construcción, que antaño se llenaron los bolsillos a resultas de sus ora turbios, otrora licuescentes negocios, ensalzan la memoria de Marx, solicitando al Estado ayudas variadas), que curiosamente incorpora entre sus gracias la maldita de recortarnos, un poquito más si cabe, los ya escasos derechos que nos quedan.

Personalmente considero que un autor tiene todo el derecho del mundo a vivir de su trabajo, ya sea la música, la escritura o cualquier otra arte. De hecho, que sus derechos de autor pasen al dominio público cuando transcurre el periodo marcado para ello desde la fecha de su defunción, me parece ético y justo (ya que su creación también se nutrió de su interacción con la sociedad). Es más, con los bienes físicos debería ocurrir otro tanto, e incluso más aún, ya que no es lógico que si yo escribo un libro, mis herederos pierdan los derechos de explotación pasados unos años, pero las casas y terrenos del vecino, que se ha dedicado a la construcción, pasarán ad infinitum entre sus descendientes. Es decir, que aquí todos moros o todos cristianos. Dicho lo cual, y sin ánimo de ser linchado, proseguiré afirmando que los derechos de autor no son los derechos de unos pocos (de aquellos pocos a los que me refería en el primer párrafo), algo que -tristemente- parece haber obviado el Gobierno español.

Así las cosas, desde esta pequeña atalaya que es mi blog, donde aún se me permite alzar la voz, suscribo el

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.


2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.


3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.


4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.


5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.


6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.


7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.


8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.


9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.


10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Para saber más:

• Entrevista con David Bravo.


• Cultura podría cerrar páginas web sin permiso judicial.


• Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.